Viajar siempre ha significado mucho más que abordar un avión. Es la posibilidad de reencontrarse con la familia, descubrir nuevos destinos, abrir mercados, generar negocios o simplemente cumplir el sueño de conocer otro país. Sin embargo, detrás de cada tiquete también existe una compleja estructura de impuestos, tasas y contribuciones que, poco a poco, termina definiendo cuánto cuesta realmente despegar. Hoy, una nueva reglamentación vuelve a poner ese debate sobre la mesa y genera preocupación en uno de los sectores que más ha impulsado la recuperación económica de Colombia: el turismo.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) manifestó su inquietud frente al Decreto 0625 de 2026, expedido por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, mediante el cual se reglamenta el cobro del impuesto de salida del país por vía aérea para viajeros nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia.
La medida establece que cada pasajero internacional deberá pagar un dólar estadounidense —o su equivalente en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM)— al momento de adquirir su tiquete aéreo internacional. Los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán destinados a fortalecer programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y la pornografía infantil.
Aunque el propósito social de la iniciativa ha sido ampliamente respaldado por el sector turístico, ANATO considera que el mecanismo escogido para financiar estos programas podría tener efectos negativos sobre la competitividad del turismo colombiano y sobre el costo final que asumen los viajeros.
«Desde ANATO somos enfáticos en señalar que imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19% y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante. Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector», señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.
Para el gremio, la preocupación no radica en el destino de los recursos, sino en el efecto acumulativo que tienen los impuestos sobre los tiquetes internacionales, especialmente en un momento en el que Colombia busca consolidarse como un destino cada vez más competitivo en América Latina.
La conectividad aérea se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento turístico del país. Nuevas rutas internacionales, incremento en las frecuencias y una mayor llegada de visitantes extranjeros han permitido dinamizar hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, comercio y miles de empleos que dependen directamente de la industria de los viajes.
Precisamente por ello, ANATO insiste en que cualquier medida que incremente el costo de viajar debe analizarse cuidadosamente, ya que podría afectar tanto la demanda de pasajeros como la competitividad frente a otros destinos de la región.
El gremio recordó además que Colombia ya cuenta con instrumentos legales destinados a financiar campañas de prevención contra la explotación sexual comercial de menores en el contexto del turismo. La Ley 300 de 1996, modificada por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos administrados por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en desarrollo de la Ley 679 de 2001, deben destinarse precisamente a estas acciones de prevención, sensibilización y protección de la infancia.
«Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector. En ese sentido, preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática», agregó la dirigente gremial.
Más allá del valor económico del nuevo impuesto —equivalente a un dólar por pasajero—, la discusión vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes desafíos del turismo colombiano: encontrar el equilibrio entre financiar políticas públicas de alto impacto social y mantener condiciones que permitan seguir fortaleciendo la conectividad aérea, la llegada de visitantes internacionales y el crecimiento de una industria que hoy representa uno de los principales motores económicos del país.
ANATO reiteró que continuará participando de manera constructiva en este debate, respaldando todas las iniciativas orientadas a proteger a la niñez, pero insistiendo en que las soluciones deben construirse sin generar nuevas cargas económicas para los viajeros ni mayores obligaciones para los actores de la cadena turística, preservando así la competitividad del turismo colombiano y su capacidad para seguir conectando a Colombia con el mundo.
